Estas multas serían adicionales a la privación de libertad o inhabilitación.

Esta “propuesta” está contemplada dentro del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016 y será debatida en el congreso para una futura aprobación. La idea es modificar 15 artículos del Código Penal ampliando así las sanciones en delitos que atenten contra la administración pública.

El importe de la multa se calcularía en función del dinero percibido por el cargo público responsable de la infracción. Entre otros casos, se pretende aplicar en diversas modalidades de delito como: malversación de fondos, cohecho en sus distintas formas, colusión desleal, tráfico de influencias, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito.

Esta medida ha sido bien acogida entre un amplio sector de la población nacional que espera que llegue a aplicarse de forma inmediata y eficaz.

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En concreto La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), animó a los colectivos sindicales a revisar la ley minuciosamente para comprobar sus beneficios, tales como mayores remuneraciones, y gratificaciones económicas de sueldo completo dos veces al año.

Javier Atkins (ANGR) remarcó que se trata de una ley necesaria para organizar el servició público, también volvió a remarcar que el principal objetivo de esta medida no es potenciar los despidos masivos de trabajadores públicos.

Tampoco se destaca un ajuste de la norma si es que en la aplicación de su funcionamiento se detectan aspectos a mejorar. La conclusión general es que se apoyan las medidas de control sobre el sector público.

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Los sindicatos y trabajadores estatales mantienen que dicha norma viola los derechos laborales, mientras que por su parte, el congreso asegura lo contrario.

A continuación veremos lo que puede implicar realmente la aprobación de esta norma para los trabajadores del sector público.

Uno de los puntos mas debatidos es sin duda el que recoge la “capacitación y evaluación” de los trabajadores.

En teoría las personas que salgan mal paradas de la “evaluación” serán “capacitadas” para trabajar mediante diversas oportunidades de mejora profesional.

Estas evaluaciones serán realizadas de forma individual y no masiva. Por lo tanto se evaluaría la capacidad de cada empleado de forma personal.

Lo importante en este punto es que los trabajadores que después de la capacitación sigan demostrando su ineficacia serán separados de la institución.

Por otro lado, la ley de servicio civil también habla de derechos, como 30 días de vacaciones o derechos a compensaciones de acuerdo a la ley y normas reglamentarias.

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Tras un largo debate iniciado la pasada semana, finalmente el congreso decidió aprobar esta polémica ley. Al parecer el objetivo de la misma es garantizar un mejor servicio en las instituciones estatales elevando los niveles de eficacia y eficiencia, prestando así servicios de calidad en el área del servicio civil.

La nueva “norma” fue finalmente aprobada por 59 votos a favor, 45 en contra y tres abstenciones. Al parecer no vulneraría la constitución y tampoco contempla despidos masivos como inicialmente los trabajadores temian.

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Al entender de varios sindicalistas, con esta medida no se fomentará la participación de las centrales sindicales y se limitará el consenso, además de propiciar un supuesto atropello de la constitución y los derechos internacionales.

Por otro lado, Manuel Dammert (congresista de Acción Popular), declaró que el dictamen busca el despido y el anulamiento de los derechos laborales. También consideró que la ley sería anticonstitucional, por lo que propusto una reforma estatal.

Por su parte, el congresista de Acción Popular, Manuel Dammert, consideró que el dictamen de la comisión de presupuesto busca el despido y el anulamiento de los derechos laborales. Consideró que la ley es anticonstitucional, por lo que propuso que se realice una reforma del Estado a partir del dictamen de la comisión de trabajo.

A su vez, el congresista Juan Carlos Eguren achacó a los sindicatos las dudas sembradas sobre la Ley de Servicio Civil en el aspecto de los despidos masivos, y resaltó que dicha reforma beneficiaría a los trabajadores públicos en todos los aspectos.

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107 fueron los legisladores que se personaron en el pleno del congreso de los diputados, donde finalmente se decidió aplazar el debate sobre la ley de servicio civil, aparentemente debido a las protestas de la Comisión de Trabajo y de la de Presupuesto.

Varios sindicatos y colectivos han declarado que aprueban la última modificación de la ley de trabajo, pero que probablemente recurrirán a una huelga indefinida para solicitar el archivamiento del proyecto de Ley de Servicio Civil por considerarlo anticonstitucional.

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Fueron 48 los votos a favor frente a los 54 en contra y las 3 abstenciones, por lo tanto la presentación nacional no aprobó el dictamen del grupo de trabajo de la iniciativa impulsada por la comisión de presupuesto (promovida por el poder ejecutivo).

El proyecto de Ley 1846, Ley del Servicio Civil, pretende aunar regimes laborales de Estado e impulsar la meritocracia en el ámbito público.

Todo ello señala según sus impulsores, que el estado consiguiría niveles de eficiencia y eficacia mas optimos, prestando unos mejores servicios de calidad promoviendo el desarrollo de sus trabajadores.

La norma ha sido criticada por los trabajadores del área pública, los cuales se manifestaron con movilizaciones y protestas a nivel estatal.

Varios congresistas han propuesto modificaciones y aún no se ha resuelto el estado actual del trámite.

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Entre otros, al ex presidente se le acusa de haber cobrado “comisiones” de presos del narcotráfico a cambio de que se les conmutasen sus correspondientes penas.

La organización estaba comuesta de promotores y facilitadores que eran los encargados de solicitar el dinero a los presos a cambio de emitir informes favorables y realizar trámites para la comutación de sus penas.

Esta detención preliminar se sustenta de las declaraciones de varios colaboradores de la fiscalía.

Detención

La detención se realizó de noche, curiosamente cuando Miguel Facundo salió de un local de América Televisión tras haber sido entrevistado en Cuarto Poder. Fue transladado a la sede de la Dirección de la Policía Anticorrupción, donde al menos pasará 24 horas.

Acto seguido el acusado será puesto a disposición del judgazo que probablemente pedirá prisión preventiva de unos ocho meses.

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Exactamente el artículo 29 del Código Civil es el encargado de indicar esta norma, mediante la cual obliga a intervenir a un juez en cualquier proceso de modificación de este tipo de datos en el DNI de cualquier persona.

Este cambio ha sido motivado debido al caso de Carmen Claudia Ñaupari Buendía (mujer), que se presentó en el congreso como “Fernando Ñaupari Buendía” (hombre), exigiendo a Reniec un cambio de sexo en su documento nacional de identidad.

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El autobús que transportaba 54 ocupantes procedentes de Lima, se precipitó a las 6 de la mañana al rio Tarma dejando la trágica cifra de 30 muertos.

El equipo de salvamento ha logrado rescatar a 14 personas en estado grave del ómnibus de dos pisos (BOA-956).

El conductor del autobús (uno de los fallecidos en el trágico accidente) se despistó al pasar por una curva en el kilómetro 79 de la Carretera Central, a escasos metros del túnel de La Virgen.

Al parecer el estado climatológico fue el que pudo propiciar el accidente. La lluvia era muy fuerte y la niebla muy densa. Todo esto derivó en la caida del autobús desde unos 80 metros.

En 2002 fue el último accidente con tantas víctimas mortales. En aquel suceso, un autobús se quemó en Ayacucho, muerieron 30 personas y hubo al menos 12 heridos.

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